El año en curso ha reflejado fenómenos importantes dentro de los procesos económicos mundiales: turbulencias generadas por la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense para el ingreso de distintos productos a sus mercados, afectación en las líneas de suministro y en los mecanismos tradicionales para el cálculo de los precios de transporte y seguro marítimos y terrestres, crisis en las expectativas de crecimiento e inversión para muchos sectores de la economía, entre ellos tecnología y energía renovable, y también incertidumbres en el mercado de energía fósil.
En el caso de Venezuela, todo este contexto es reforzado por los efectos, ya crónicos, que la economía nacional arrastra debido a las sanciones y el bloqueo sabido por todos. Este año, tres anuncios importantes referidos a Venezuela por parte de Trump, al menos vinculantes al tema económico, fueron resaltantes: el realizado el 4 de marzo, referido a la suspensión de la Licencia general 41 que impactó en las actividades petroleras de Chevron en el país; el del 24 de marzo, dedicado a la colocación de aranceles a las exportaciones de los países que compren crudo venezolano; y el del 30 de marzo, declarando la eliminación de las licencias particulares a empresas como Repsol y ENI que venían desarrollando actividades de producción y comercio del crudo venezolano. Esto, sin embargo, es atenuado por la licencia privada otorgada nuevamente a Chevron en junio de este año y por el posible otorgamiento de licencias similares a otras petroleras. Por otro lado, se ha sumado la actual arremetida militar de EE. UU. con la colocación de una flota armada con intenciones bélicas frente a las costas venezolanas.
El ambiente económico y con ello también el social se ha bañado de volatilidad e incertidumbre. Uno de los espacios que más afectación ha tenido en los últimos 9 meses ha sido el cambiario, produciendo grandes variaciones en la dinámica del precio del dólar frente al bolívar. En lo que va de año, la variación del precio del dólar frente al bolívar ha superado el 366%, pasando de 52.27 bolívares por dólar a principios de enero a 191.36 para el 9 de octubre de este año. Esto resulta claramente alarmante si lo comparamos con el 3% de variación que alcanzó el mismo indicador en el mismo periodo de tiempo del año 2024.
En términos estructurales, algunos colegas economistas aseguran que el volumen de la variación se debe al aumento que ha presentado la liquidez monetaria en el presente año, esta variación en términos reales no superaría el 275.8%, pasando de 173 mil millones de bolívares a principios de enero de este año a casi 479 mil millones de bolívares para el 26 de septiembre de este año. A primera vista parece una ampliación muy grande de la liquidez monetaria y en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo es. Si observamos el comportamiento, para el mismo periodo del año pasado, la referida variable presentó un crecimiento superior al 111%. Sin embargo, hay algunos elementos cuantitativos que dejan ver la inconsistencia en la hipótesis monetarista de la explicación de la variación cambiaria.
La primera corresponde a la propia variable porcentual de variación; se supone que la variable porcentual debe tender a coincidir en ambos valores, es decir, el mismo aumento en la liquidez porcentual deberíamos verlo reflejado en la variable cambiaria; sin embargo, vemos que el aumento cambiario resulta mucho mayor (366%) que la ampliación de la liquidez (275.8%). Si la lógica monetarista lineal fuera cierta, el tipo de cambio hoy debería estar rondando los 144 bolívares por dólar y no los más de 185 que actualmente vemos.
La segunda inconsistencia se refiere a la absorción monetaria de las ventas de divisas por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). Si las estadísticas monetarias del BCV son verídicas, debemos confiar en que recogen la totalidad de las operaciones de absorción y ampliación monetarias, lo que significa que si hoy el BCV vende una cantidad determinada de dólares, eso se verá reflejado en la disminución de equivalente cantidad de bolívares al cambio en los registros contables del ente emisor. Si aplicamos esta lógica a la dinámica monetaria y además de eso partimos de la suposición errada de que el único ente creador de liquidez es el Estado, tenemos los siguientes datos:
Hasta septiembre de este año, el BCV había vendido a las mesas de cambio privadas un monto no inferior a los 2.738 millones de dólares. Si valoramos un promedio anual del equivalente cambiario de 118 bolívares por dólar, tendremos que ese volumen de divisas equivale a más de 323 mil millones de bolívares. Lo impactante de este monto es que es superior a la variación en la liquidez reconocida en los registros del BCV hasta septiembre de poco más de 305 mil millones de bolívares. Esto nos indica otra inconsistencia de la tesis monetarista: el monto existente de bolívares es inferior al necesario para cubrir la venta de dólares hecha hasta el presente, lo cual nos deja ante uno de los grandes misterios del sistema cambiario ¿qué se hace con los bolívares fruto de la venta cambiaria?
Para seguir abordando el tema cambiario y seguir desmontando algunos falsos relatos y medias verdades, es necesario revisar con mayor detalle el mecanismo cambiario. A continuación, abordaremos algunos elementos que consideramos de vital importancia.
Algunas consideraciones sobre el mercado cambiario
Habiendo revisado problemas como la oferta de divisas y la influencia internacional en la cotización de la divisa, es menester meternos propiamente en nuestro mecanismo cambiario. Para muchos ideólogos de la burguesía, el actual mecanismo cambiario estaría llegando o habría llegado a un punto de agotamiento. Quienes sostienen esta afirmación argumentan que el problema del mecanismo subyace en: 1) Su no flotabilidad y 2) El no ser un mecanismo confiable para la colocación de divisas del sector privado en el país.
Ante estos argumentos, la mejor maniobra es analizar de forma más cercana el propio mecanismo cambiario, partiendo de aquella máxima del filósofo Heráclito: no negar ni afirmar, solo señalar.
El gran problema, el árbol torcido llamado mercado cambiario
Para saber en qué ámbito nos movemos, debemos volver la mirada atrás; esto es indispensable en un país donde se promueve la amnesia selectiva, especialmente en temas económicos. El actual sistema cambiario tiene oficialmente su fecha de nacimiento el 7 de septiembre del 2018 con la promulgación del Convenio Cambiario N.º 1 en la Gaceta Oficial N.º 6.405.
El documento conocido como Nuevo Marco Cambiario vino a regir el nuevo marco legal del cambio de divisas en el país tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios un mes antes. A partir de allí, en la nación existirá un único y fluctuante mercado de divisas, tanto para el sector privado como para el público.
Según se establecía en el artículo 9 del convenio, “el tipo de cambio que ha de regir para la compra y venta de monedas extranjeras fluctuará libremente de acuerdo con la oferta y la demanda de las personas naturales o jurídicas a través del Sistema de Mercado Cambiario”.
Como se deja claro, el mecanismo consideraba la participación y el protagonismo de las personas naturales y jurídicas tanto en la compra como en la oferta de divisas dentro del territorio nacional; hasta allí todo parecía marchar bien; sin embargo, al seguir leyendo, encontramos dos cosas claves dentro del marco legal, que en adelante determinarían el futuro del mecanismo.
El primer elemento clave es la exoneración absoluta de la que disfrutan los inversores extranjeros para con el mercado cambiario nacional. El Artículo 56 establece que “los sujetos regulados por la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva podrán remitir al exterior las utilidades o dividendos, así como remesar los ingresos monetarios obtenidos”.
Es decir, se libran de colocar sus divisas en el mercado nacional a pesar de lo dispuesto en el artículo 9. Además de lo anterior, en el artículo 57, referente a las obligaciones del sector privado exportador, se afirma: “Las personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán retener y administrar libremente hasta el ochenta por ciento (80%) del ingreso que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, para atender gastos, pagos y cualquier otra erogación que deban realizar con ocasión de sus actividades, incluidas aquellas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a la normativa que rige la materia.”
Es decir, los dos principales focos privados para ingresar divisas al país y, por ende, al mercado nacional de divisas están fuertemente exonerados de esa responsabilidad; de hecho, en el mejor de los casos, solo el sector exportador estaría obligado a entregar el 20% de sus ingresos por exportación.
Para poner esto más claramente, lo acompañaremos con algunas cifras. El año pasado, el mercado interno de divisas recibió más de 5500 millones de dólares en inyecciones cambiarias por parte del BCV. Desconocemos la dimensión de la demanda real de este mercado, pero sabemos que el país requirió un estimado de 11 mil millones de dólares por concepto de importaciones en el mismo periodo. Esto quiere decir que la oferta de divisas del BCV representó más del 50% de la demanda total para el flujo de importaciones, siendo de lejos el ofertante principal. Al BCV se sumaron actores como Repsol y otras empresas petroleras que representaron entre el 30% y el 35% del resto de la oferta cambiaria, dejando al resto del sector privado no petrolero poco menos del 15% de la oferta.
Para sustentar esta última afirmación solo hace falta ir a los datos nuevamente. Según datos otorgados por el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Gustavo González Velutini, el volumen de exportaciones no petroleras que se desarrolla en el sector industrial privado durante el 2024 fue menor a los 3 mil millones de dólares; esto representa tan solo el 27% de la demanda de divisas del sector.
En el mejor de los casos, la capacidad de oferta de divisas por parte del sector privado no petrolero fue poco más de la mitad de la del BCV. Sin embargo, como veremos a continuación, esto en realidad no fue así, porque la totalidad de los 3 mil millones no llegaron a las mesas de cambio.
Si tomamos los 3 mil millones como referencia y asumimos que el sector privado solo se vio obligado a entregar el 20% de su valor a las mesas de cambio, podemos admitir que, en el mejor de los casos, el sector privado aportó un monto no mayor a los 600 millones de dólares al mecanismo cambiario, poco más del 10% de lo que el BCV inyectó en 2024 y poco más del 5,4% de la demanda total por concepto de importaciones. Esto quiere decir que, en realidad, en Venezuela no existe un mercado cambiario regido por la oferta y la demanda, donde participan distintos actores económicos. Lo que existe es un mecanismo de asignación de divisas manejado por el BCV.
El problema de todo esto es que las intenciones que inicialmente se perseguían, la creación de un mercado fluctuante y libre de ofertantes y demandantes de divisas, se contradijeron al exonerar a los principales poseedores de divisas de la responsabilidad de participar en el mercado cambiario nacional. En tal sentido, el sistema cambiario actual es un mecanismo que nació torcido y hoy, debido a la dinámica de sus dispositivos, resulta difícil de enderezar.
Los salvadores: los empresarios y sus exportaciones
Para verificar correctamente el problema del sistema cambiario, hay que observar con cuidado al sector empresarial, y sobre todo su sector externo, específicamente la relación entre sus exportaciones y sus importaciones. Como hoy resulta mal visto hablar mal de los “patrióticos y revolucionarios empresarios”, me referiré a los datos entregados por el propio sector.
Para el I trimestre del año 2021, el 85 % de las empresas encuestadas por Conindustria confesaban no haber exportado; sin embargo, para el segundo trimestre del 2024, se reconocía un aumento en el porcentaje de empresas que exportan. Sin embargo, el porcentaje de las que no exportan seguía siendo mayoritario, posicionándose en torno al 62 %.
Otro dato resaltante reflejado en estas encuestas es la dinámica que han tomado las importaciones, para el I trimestre de 2021, 60% de las empresas reconocían haber tenido que importar recursos para su funcionamiento; para el segundo trimestre de 2024, este porcentaje asciende a 89%.
Mientras las empresas exportadoras aumentaron en un 27%, las empresas importadoras aumentaron en un 48%, es decir, la necesidad de importación creció más rápido que la velocidad con la cual colocamos productos en el extranjero, lo que demuestra que el crecimiento de nuestro sector manufacturero es estructuralmente dependiente del sector externo. Mientras su capacidad instalada siga activándose, seguirá creciendo la presión sobre la demanda de productos extranjeros y con ello la demanda de divisas para adquirir dichas mercancías.
Entre los sectores que más importaciones tienen, se encuentra el sector agroalimentario que, contrario a lo que comúnmente anuncia el gobierno, está lejos de autoabastecerse con la producción nacional. Para inicios del presente año, la propia Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) reconocía un déficit de, por lo menos, el 40% como promedio en sus requerimientos para alcanzar la soberanía alimentaria, que ha sido tan celebrada en los últimos tiempos.
Para solo citar un ejemplo de este problema, hablemos de un producto cotidiano de nuestra dieta, la pasta. Según datos de Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), a nivel nacional existen 94 marcas de pasta a la venta en las cadenas de supermercados del país. Para poder producir o vender este producto, hace falta importar la mezcla de trigo para elaborar la fórmula en el país o directamente importar el producto terminado. Solo por compra de trigo al extranjero, el país gastó en 2024 de 1500 a 2000 millones de dólares. Sería interesante saber de dónde sacó ese dinero la agroindustria que no importa ni produce divisas. Este es solo un ejemplo entre muchos que podría citar en sectores tan importantes como tecnología, movilidad, farmacéutica, petroquímica, etc.
Este tipo de problemas ocurre cuando en la política económica de un país se confunde crecimiento económico con desarrollo económico. Decir que hay más marcas en los supermercados no es igual a decir que hay una diversificación en nuestro aparato industrial, ni que hay un fortalecimiento en nuestras cadenas de valor. Simplemente significa eso, que hay más empaquetadoras que comercializan un producto venido de un sector altamente monopolizado, como es el caso de la harina de maíz, de las cuales existen 42 marcas, pero solo 7 centros industriales de procesamiento, 4 de ellas bajo un único dueño.
Otro problema que afecta severamente al mecanismo cambiario es el problema de las importaciones suntuosas. Es difícil determinar el porcentaje de las divisas que estas importaciones han absorbido hasta ahora. De forma subjetiva, uno podría observar la gran cantidad de autos de alta gama y reflexionar desde allí, pero eso podría objetar la opulencia de algunos sectores; estamos en un tiempo donde hablar mal de los ricos también está mal visto.
Hay que admitir, sin embargo, que el problema de las importaciones suntuosas es simplemente un síntoma de un problema mucho más estructural del mecanismo cambiario, su hermetismo. Es imposible al día de hoy encontrar un registro público y oficial del destino de las divisas vendidas al BCV.
No sabemos, por ejemplo, cuánto de los más de 18 mil millones de dólares vendidos por el BCV a las mesas de cambio privadas desde 2022 han servido para importar materia prima, tecnología o relojes Rolex. No tenemos formas de evaluar si estos recursos podrían haber tenido un mejor destino en la estabilización de los ingresos de los trabajadores, o en resolver la crisis de servicios básicos o, incluso, alguna incidencia en programas sociales. Es necesario recordar que esos 18 mil millones, casi en su totalidad, tienen su origen en las regalías o dividendos del negocio petrolero, es decir, pertenecen a la nación entera y, como dice el artículo 299 de la Constitución, ameritan para su uso una planificación participativa, protagónica y abierta por parte del pueblo.
Algunos recientes actores y situaciones nuevas
Recientemente se ha comentado en múltiples portales y foros las limitaciones que el Estado venezolano arrastra para poder responder a las demandas de divisas de las mesas de cambio privadas. Los datos demuestran que la cantidad disponible de divisas otorgadas o inyectadas por medio del BCV es menor que la entregada el año pasado. Hasta septiembre de este año, el BCV habría otorgado 2.738 millones de dólares, 29,12% menos que para el mismo periodo del año pasado, donde entregó 3.863 millones de dólares al mecanismo cambiario.
Hasta ahora sabemos que el ingreso por venta de petróleo se ha mantenido; en el primer semestre de este año las ventas superaron los 8 mil millones de dólares, con un promedio de 825 mil barriles de petróleo vendidos diariamente a un precio también promedio de 59.7 dólares, según datos recogidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos valores son similares a los del año pasado, de modo que la disminución de los recursos quizá no se achaque al sector petrolero, donde, por otra parte, tanto en producción como en volumen de ventas, la tendencia ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos dos años.
En el indicador donde sí se percibe una diferencia notoria entre ambos años (2024-2025) es en la recaudación fiscal. Para septiembre de 2024, la recaudación había superado los 9800 millones de dólares; para el mismo mes de este año, el valor asciende a poco más de 6755 millones de dólares, con una sensible disminución del 45%. Según datos oficiales o gremiales, no existe alguna narrativa de disminución de contribuyentes; de igual forma, las recaudaciones están ancladas a los valores del BCV, lo cual significa que la disminución de la recaudación se debería a alguna disminución en la carga de ciertos actores. En este punto cabe recordar que el presidente Maduro firmó un decreto de emergencia económica el 2 de abril de 2025, prorrogable por 60 días, en respuesta a la “guerra comercial inédita” por los aranceles impuestos por Trump. Este decreto incluía una serie de exoneraciones al sector primario de la economía que podrían sustentar parte de esta disminución en la recaudación fiscal anual.
Ante este escenario y considerando los nuevos mecanismos de pago de la empresa Chevron, según algunas fuentes, por medio del petróleo en especies, se deja ver una situación coyuntural de escasez de divisas del sector público en el mercado privado de divisas. Recientemente, algunos mecanismos alternativos un tanto opacos se han dejado comentar en plataformas y medios especializados del tema económico venezolano. Uno de esos mecanismos alternativos es el uso masivo de stablecoin como mecanismo de complemento en el mercado cambiario privado, con USDT entregados por el Estado para ser subastados en las mesas de cambio privadas. Ese mecanismo quitaría presión a la necesidad de importadores de los sectores demandantes, pero generaría un aumento en el costo de las divisas, tanto en las estimaciones del BCV como en los mecanismos alternativos. Al margen de la situación coyuntural, este problema, como los otros mencionados más arriba, traduce la debilidad estructural del convenio, elementos que hay que saldar si realmente se quiere avanzar en un mejor y más útil convenio cambiario.
Entonces, ¿qué hacer?
La resolución del problema cambiario contempla soluciones multifactoriales que van desde desarrollar una real, e incluso, draconiana política de sustitución de importaciones hasta la elaboración de mecanismos reales de desconcentración del aparato industrial y del resto de los factores productivos del país, entender que fomentar el emprendimiento solo mitiga, pero no resuelve los desafíos del aparato productivo nacional. Obviamente, hay una variante importante en la ecuación de la economía nacional; me refiero al problema de las medidas coercitivas y el bloqueo imperial. Sobre esta variante, en principio, no podemos hacer nada en lo inmediato, al reconocerlo evitamos obnubilar algunas acciones que sí dependen de nosotros.
Lo primero es admitir que el convenio cambiario como hoy existe ciertamente está agotado, pero no por un problema de oferta necesariamente. El BCV sigue entregando grandes volúmenes de divisas al mercado cambiario privado y es el mayor ofertante individual de lejos. El problema pasa por la poca respuesta del sector industrial privado al llamado a sustituir sus importaciones y fomentar sus exportaciones. Recordemos que esta política es una línea estratégica del consenso estadal-patronal que existe en torno a la arquitectura económica que se viene construyendo en el país desde 2018.
Esta política se ha traducido en múltiples y variantes beneficios fiscales y arancelarios para el sector empresarial. Al margen de las constantes quejas del sector empresarial sobre la carga fiscal que tienen sobre sus espaldas, lo cierto es que, según los propios datos de Conindustria, desde el 2019 esta carga viene reduciéndose sistemáticamente, representando en 2024 solo un 70% de la carga fiscal de 2019.
Si sumamos a lo anterior las recientes exoneraciones de impuestos municipales al sector primario, esto podría bajar entre 7 a 10 puntos porcentuales más. Lamentablemente, a esto no se suma alguna acción vinculante para el sector privado ante este nuevo beneficio; simplemente, los entes públicos asumen que el empresario hará lo que no ha hecho en los últimos 7 años.
En última instancia, el juego cambiario es una disputa por los recursos menguados que aún maneja el Estado, es decir, la renta petrolera, que todavía existe, aunque se hable permanentemente de posrentismo y cosas más extrañas todavía. Por eso el principal ofertante de las divisas en el país es el Estado a través del BCV.
Si queremos ver los enemigos de la política cambiaria, no es necesario que miremos a Miami, revisemos la propia normativa del convenio cambiario. Ni siquiera tenemos un instrumento legal que obligue a la burguesía exportadora a colocar la mayor parte de sus divisas en el mercado cambiario nacional, ¿cómo esperamos que esta (quizás solo gracias al patriotismo que no tiene) las coloque? No podemos caer en la insensatez, en la locura, en la ingenuidad y en la inmadurez de asumir que la burguesía hará lo que nosotros esperamos que ella haga sin presión alguna. Esto no es un problema de que el pueblo no hace auditoría mediante el referente cambiario elaborado por el BCV, es un problema de no entender la lucha de clases dentro de la sociedad venezolana.
De igual forma, es necesario reformar la Ley de Inversiones Extranjeras para exigir que, por lo menos un porcentaje sensato, de las ganancias de las inversiones extranjeras se quede en Venezuela y fortalezca el sistema cambiario. También se debe crear alguna auditoría sobre los convenios amparados en el artículo 18 de la Ley Antibloqueo. El hecho de que este mecanismo legal dé pie al registro secreto de divisas al margen de su participación en el mecanismo cambiario es, ante todo, preocupante.
Por último, es necesaria mayor transparencia en la información del sistema cambiario, saber el volumen de inyección, quiénes las compran y con qué periodicidad las mismas vuelven al mercado o no. Todo esto es importante saberlo y es plena responsabilidad del BCV, que tiene toda la capacidad para revelar esta información.
Por ahora, el sistema cambiario venezolano sigue siendo otro ejemplo más de un mecanismo no democrático que permite la concentración y saqueo de la riqueza pública, con fuertes rémoras que promueven la desigualdad y que legitiman el predominio financiero de una clase sobre otra.
