En las últimas dos décadas y media, Venezuela ha estado en el epicentro de la discusión política global; por un lado, el proceso de renovación derivado de la crisis neoliberal de los años 90 fomentó grandes debates en torno a la figura de Hugo Chávez, al concepto de la democracia participativa y al sujeto del poder popular.
Por otro lado, y en el marco del mencionado debate, el concepto de imperialismo se convirtió en un elemento fundamental en la ecuación de la situación venezolana. Múltiples injerencias, sabotajes, discursos y arremetidas explícitas han generado una cierta relación antagónica entre el capitalismo transnacional y las prácticas políticas nacionales.
Esta relación antagónica es propia de un entorno conflictivo internacional que enfrenta, por una parte, a un proyecto revolucionario nacionalista de tendencias socialistas con un proyecto de imposición transnacional, fin lógico este último del capitalismo financiero regente en esta etapa de nuestra formación histórico-social global.
Bujarin y un necesario paso reflexivo
En nuestro caso, quisiéramos abordar este campo polémico desde el criterio que sostiene Nikolái Bujarin en su libro “La economía mundial y el imperialismo”; consideramos el imperialismo como la política del capitalismo financiero, es decir, como una serie de prácticas y lógicas históricamente situadas, que sirve de medio para la reproducción y ampliación de ciertas relaciones de producción.
En tal sentido, cuando hablamos de imperialismo como política del capital financiero, sobreentendemos su carácter de conquistas y quedan igualmente indicadas las relaciones de producción que reproducen esta política de conquista.
Sin embargo, señalamos con mucho interés las relaciones de producción financieras fomentadas por el imperialismo, basadas en la concentración de los mecanismos de generación de plusvalía y la centralización de los medios de esa concentración, es decir, las progresivas fuerzas que combinan el capital industrial y el capital bancario para generar conglomerados financieros monopólicos.
Lo fundamental de este periplo teórico es considerar que el imperialismo no solo es una serie de prácticas bélicas de conquista, sino también y con mayor peligro y sigilo una serie de relaciones de producción que se pueden instalar con alevosía y complacencia de las burguesías financieras nacionales al interior de un país, incluso si este tiene conflictos o no con una potencia imperial.
Venezuela como resultado imperial
Venezuela rompió sus raíces agrícolas a principios del siglo XX, transformándose posteriormente en un enclave petrolero bajo la influencia de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Fomentándose con esto un conjunto de estratos y clases fundamentalmente dependiente del negocio petróleo, de los entramados del estado y de sus preventas. Abreviando, podemos afirmar que nuestra burguesía surgió al calor de la dependencia y la sumisión a las metrópolis imperiales.
El proceso bolivariano heredó, por tanto, un sistema económico altamente dependiente de su relación con los centros industriales y financieros extranjeros, con una clase propietaria alejada del interés nacional y constituida desde la reproducción de las relaciones de producción del capital financiero, con altos niveles de concentración y centralización.
Para inicios del milenio, el 75% de las tierras productivas del país se encontraba concentrado en manos del 5% de la población; el 18% del total de las empresas industriales en Venezuela centralizaba el 60% de la producción, y el 50% de la producción total de alimentos procesados en la agroindustria se concentraba en el 10% del total de las empresas privadas. Lo mismo ocurría en sectores estratégicos como el farmacéutico y manufacturero. Nada que decir del sistema bancario donde 5 bancos centralizaban más del 90% de los depósitos y las carteras de crédito.
Mención especial en esta línea merece el sector petrolero nacional, que, tanto en la época de las concesiones como después en la etapa posterior a la nacionalización chucuta, fue siempre un caballo de Troya para las fuerzas del capitalismo financiero y sus funcionarios imperiales, agrupados en torno a la famosa meritocracia corporativa.
Las fisuras y brechas contra el sistema capitalista imperial
Durante la primera década del proceso bolivariano, 3 leyes aprobadas en el marco del nuevo marco institucional: La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de la Pequeña Y Mediana Industria (2001) estremecieron estas realidades y abrieron brechas y fisuras para las luchas populares contra la élite vinculada al capitalismo financiero global en estos 3 sectores.
En el marco de esta nueva realidad, el país fue afectado por una ofensiva promovida desde las élites financieras e industriales, primero con un paro patronal nacional, luego con un paro petrolero y finalmente con un periodo prolongado de inestabilidad política interna. Al final de esta primera década, sin embargo, se consolidó la distribución de la tierra productiva entre pequeños productores y se consolidó el control sobre el sector petrolero nacional. Esto permitió una distribución de la renta con mayor interés social y una más amplia repatriación de capitales.
Lamentablemente, el sector industrial nunca logró ser desconcentrado y el sector financiero siguió sosteniendo su centralización de capitales, incluso con participación del Estado. De igual forma, ambos sectores fueron favorecidos por la política cambiaria enormemente costosa para la república, recibiendo más de 300 mil millones de dólares en divisas para importaciones y amortizaciones.
*El proyecto comunal profundizado al final del periodo de Chávez tenía precisamente la intención de atacar la concentración industrial por medio de la propiedad social comunal y desconcentrar los mecanismos de intermediación financiera por medio de la transferencia de competencia y los espacios financieros comunales.
Maduro y el cierre de brechas
Durante el periodo de Nicolás Maduro, algunos de estos compromisos con las brechas abiertas para fomentar las luchas de los sectores populares contra el capitalismo financiero interno han sido afectados. Esto incluso antes de la profundización de las sanciones unilaterales.
Muchos de los retrocesos en el campo salarial y social, por ejemplo, se pueden rastrear al quinquenio 2013-2018, donde la política de máxima presión aún no había sido ejecutada. En este periodo, como bien se indicó en el artículo “Anti-imperialism and Maduro’s Venezuela: Myths and facts” (https://links.org.au/anti-imperialism-and-maduros-venezuela-myths-and-facts) , la producción media de petróleo crudo fue de más de 2,1 millones de barriles diarios y los precios del petróleo se mantuvieron por encima de los 69 dólares por barril.
También se pagaron más de 71.000 millones de dólares a acreedores financieros internacionales, a pesar de las serias posibilidades de que la institucionalidad del estado venezolano fuera excluida del sistema financiero global y del sistema de pagos SWIFT, bien sabida en aquellos años.
A pesar de que el Memorando N.° 2792 fue elaborado a final de 2018, este simplemente vino a confirmar o legalizar lo que los trabajadores ya estaban padeciendo por lo menos desde 2014: una disminución progresiva y prolongada en su capacidad de influir sobre las discusiones salariales y en la escogencia de su representación sindical. Gracias a este mecanismo, para el momento que se escribe este artículo, el salario oficial en Venezuela (130 BS) equivale a un dólar, según el índice oficial del Banco Central de Venezuela.
Entendemos, por otra parte, que se ha desarrollado una política de bonificación para intentar reemplazar la normativa salarial, formalmente desde el año 2022; sin embargo, las prestaciones sociales y la salarización de los bonos son elementos indispensables para equilibrar la distribución de la riqueza producida socialmente, por eso la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) está pensada bajo el criterio de la justa distribución equitativa de la riqueza social, poniendo énfasis en el factor trabajo sobre el factor capital. La disminución o la eliminación de ciertos ingresos en el cálculo de las prestaciones significan la priorización del capital frente al trabajo, en el presente y a largo plazo. Claramente, este cuadro beneficia a los sectores empresariales monopolistas relacionados con el gran capital transnacional.
Estos procedimientos han cerrado los mecanismos y brechas conquistadas durante el primer periodo del proceso bolivariano. Bajo este nuevo marco, la clase obrera ha vivido en carne propia la nueva presencia de las fuerzas imperiales en el país, no directamente por medio de las sanciones, sino en la cotidianidad de la producción y reproducción de las relaciones productivas desarrolladas por él.
En el tiempo reciente, trabajadores de la empresa Bimbo de Venezuela, parte del grupo transnacional Bimbo, con sede en la ciudad de Guarenas en el estado Miranda; empleados de la empresa MMC Automotriz S.A., planta ensambladora de Mitsubishi Motors; y obreros de Empresas Polar, gran monopolio vinculado al capital transnacional. Se han movilizado ante la vulneración de sus derechos, sea por el irrespeto a sus prestaciones y pasivos (Bimbo y MMC Automotriz S.A.) o por despidos injustificados (Polar); en los tres casos, las instituciones han retrasado u obstruido los mecanismos legales para la ejecución de la ley. Estas movilizaciones y no la actitud institucional son las formas reales de luchar contra la relación de expoliación y superexplotación que el imperialismo busca imponer.
Un caso similar hemos vivido en el sector de los hidrocarburos: a pesar del ataque prolongado que el sector viene sufriendo desde el 2018, de las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales y los millardos en dólares congelados en el norte global, gran parte de los activos de las 15 transnacionales europeas y estadounidenses que son partes de empresas mixtas del sector permanecen sin ser tocados; incluso las deudas que la república ha adquirido con ellas (por la propia negativa de las empresas a desarrollar actividad comercial con la república) son defendidas y permanentemente reconocidas.
La situación no queda solo ahí; aunque, por un lado y debido a las sanciones, el sector de los hidrocarburos y el gobierno se vieron obligados a modificar los mecanismos tradicionales de comercialización, la poca regulación, la opacidad en el otorgamiento de cuotas de exportación y las brechas abiertas a los sistemas financieros globales permitieron el robo multimillonario del caso PDVSA-Cripto. Lo más perturbador al respecto es que, incluso después de esa experiencia, la ley antibloqueo y los convenios de comercialización siguen vigentes.
Como si esto no fuera suficiente, cabe advertir que los nuevos Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPP) violentan abiertamente la actual Ley de Hidrocarburos del país, básicamente porque laceran o colocan en riesgo el control soberano de los recursos y con ellos la propia soberanía nacional frente al capital transnacional. Recientemente se filtró de forma extraoficial el otorgamiento de nuevas licencias por parte de la OFAC a varias empresas del sector tras la suspensión de la Licencia General N.° 41; esto fue confirmado oficialmente por autoridades nacionales, poniendo nuevamente en cuestión el problema del pago de regalías e impuestos, cosas que, según parece, la nueva licencia prohíbe.
Las situaciones mencionadas son partes de las dinámicas de la lucha imperial actualmente existente en Venezuela, lucha que los sectores populares afrontan, pero que en la mayoría de los casos no es acompañada por el sistema gubernamental, al menos no en un nivel que supere lo retórico.
El antimperialismo desde abajo
Parecieran ser, según parece, que el Derecho, la Constitución y las normas son demasiado antimperialistas para el antimperialismo oficial y gubernamental. Esta lamentable inconsistencia ha sido afrontada por la elite gubernamental sacrificando las últimas brechas democráticas para la lucha contra el imperialismo, reduciendo al máximo la posibilidad de autocrítica o disidencia, acusando a activistas, trabajadores e intelectuales de traición por mostrar estas contradicciones.
Se ha priorizado oficialmente una práctica retórica de lucha contra el imperialismo, que no trastoca las fuerzas del capital financiero transnacional que se están instalando en el país y que están consolidando las relaciones de producción del imperialismo desde el propio interior de la república: la concentración y centralización de los factores productivos, la galopante desigualdad, la erosión del tejido social y la inherente reducción de la empatía, la opulencia de las elites y el abandono de los marcos que permiten el campo político, la tiranía y el totalitarismo.
Hoy, la defensa de la soberanía y las prácticas antimperialistas más concretas y reales subyacen en las luchas del pueblo trabajador, en las movilizaciones contra la concentración y centralización de los factores productivos, en sus denuncias contra la deicida institucional que la solapa y en la crítica contra esa retórica gubernamental que solo busca rédito político.
Hoy sería útil una metáfora histórica para verificar el lugar del auténtico patriotismo. En 1826, El Libertador reclamaba a su sobrino Anacleto Clemente Bolívar su estilo de vida dilapidador y chacharachero en Bogotá, contraponiéndolo al áspero y sacrificado estilo de vida de los llaneros del ejército del sur, “hombres —escribe Bolívar— de bien… que no tienen más familia que la patria”. ¿Cuántos Anacletos no existen hoy? Esos que se inflan hablando de defender la patria, desde la opulencia y el privilegio, simplemente por sentirse herederos sin méritos de cierta sangre patriota. Y viceversa, cuando hombres y mujeres austeros, familiares de la patria, que luchan silenciosamente, defendiendo con heroísmo sus trincheras de esperanza; ellos, compañeros m
