La narrativa impulsada por algunas figuras del gobierno estadounidense, encabezadas por el Coyote Mayor, Marco Rubio, ha tratado de enmarcar a los migrantes venezolanos como parte del crimen organizado, específicamente relacionándolos con la infame banda del Tren de Aragua. Esta estrategia con argumentos insostenibles, ha sido una de las herramientas para deshumanizar a miles de ciudadanos que han buscado refugio en otros países.
Esta situación conllevó a declarar a los connacionales como criminales y su envío posterior a El Salvador, previa negociación con el presidente de ese país Nayib Bukele, señalado como el carnicero de Centroamérica, por mantener bajo opresión a ese país, donde el silencio se convierte en cómplice para someterlo bajo los esquemas de la violación de los derechos humanos.
La historia del envío masivo de migrantes venezolanos a un tercer país — y no a su patria — se remonta al 29 de enero de 2025. En ese entonces Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a través de un llamado desesperado, instaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a no negociar con Nicolás Maduro el tema migratorio. La razón detrás de esta advertencia era clara: el gobierno de Maduro podría usar a los deportados como fichas políticas en su juego de poder. González Urrutia enfatizaba, con una lucidez inquietante, que cualquier acuerdo en torno a las deportaciones “solo beneficiaría al régimen opresor en Caracas”.
Así, en una jugada maquiavélica, González Urrutia propuso a la administración Trump que los deportados venezolanos fueran enviados a un tercer país. La elección cayó sobre El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), bajo la protección de un acuerdo bilateral cuestionable. Nayib Bukele, a cambio de seis millones de dólares de los Estados Unidos, aceptó acoger a estos migrantes en su famosa megacárcel. Este trato, que expone la hipocresía de la política migratoria, revela cómo dos gobiernos pueden tratar a seres humanos como mercancía en un juego de intereses políticos.
Sin embargo, hoy, la historia ha cambiado radicalmente. El acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos es visto ahora como un logro significativo para Nicolás Maduro, para demostrar que su país es capaz de recuperar a sus ciudadanos. Los 253 venezolanos, lejos de ser criminales, regresaron a su patria como testigos de una trama diseñada para desvirtuar su humanidad.
El pasado 2 de enero, la Fiscalía General de la República, liderada por Tarek William Saab, solicitó la captura de Edmundo González Urrutia, por delitos de conspiración y complicidad en actos violentos contra la República. No obstante, a ello deben incorporarse los cargos de traición a la patria y lesa humanidad. Esto subraya la gravedad de haber propuesto el envío de compatriotas a un país que ha sido duramente criticado por su régimen represivo, colocando a González Urrutia como un cómplice en una operación sórdida.
Las liberaciones recientes derrumban la narrativa creada por los actores políticos que convirtieron a los venezolanos en criminales de cartón. Al desmantelarse esta idea, se revela la ilegalidad detrás de la intención de enviar a esos jóvenes a un campo de concentración en El Salvador. Sin embargo, este episodio no queda aislado. Las negociaciones se llevaron a cabo únicamente entre Estados Unidos y Venezuela, dejando al gobierno salvadoreño como un ejecutor de órdenes ajenas.
Bukele, en este sentido, se convierte en el mandadero de intereses internacionales que han dispuesto la presencia de venezolanos en su país, sin considerar las implicaciones éticas y humanitarias de tal decisión. La imagen de El Salvador como un refugio seguro para migrantes se diluye en medio de la represión y el silencio cómplice de quienes prefieren cerrar los ojos ante el sufrimiento de otros. Lo que resulta imperativo, sin embargo, es que se contemplen las acciones legales pertinentes contra quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos durante este proceso. Existe la necesidad de presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional en contra de Donald Trump, Nayib Bukele y Marco Rubio por los delitos de lesa humanidad y privación arbitraria de libertad de 253 venezolanos, sin justificación legal y sin seguir los procedimientos establecidos, constituyen crímenes que no pueden quedar impunes.
El futuro de los migrantes venezolanos no debe ser un tema de negociación política; su dignidad y derechos deben ser prioridad. Las experiencias vividas por aquellos que han sido víctimas de estas políticas despiadadas son un recordatorio doloroso de que los seres humanos no son objetos que se pueden trasladar de un lugar a otro según la conveniencia de poderosos intereses.
Es momento de reconstruir un camino de justicia y reparación en el que las voces de los migrantes sean escuchadas y sus derechos, finalmente, protegidos.
Los próximos capítulos en esta lucha por la dignidad y la justicia no serán fáciles, pero son absolutamente necesarios si queremos romper la cadena de complicidades y abusos. La historia está siendo reescrita y es hora de que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que nos corresponde en esta lucha por la verdad y la justicia.
