El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, respaldado por organizaciones sociales, paridos políticos, poder popular, institución militar y el pueblo en general eleva una denuncia formal ante los organismos internacionales frente a la reciente escalada de agresiones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las recientes declaraciones del mandatario, en las que pretende atribuirse la propiedad del petróleo, tierras y minerales venezolanos, han sido calificadas como un intento de anular la voluntad política de una nación soberana.
Violación del Derecho Internacional y Libre Comercio El foco de la denuncia se centra en el bloqueo naval que Washington pretende imponer para asfixiar la exportación de crudo venezolano. Esta medida no solo violenta la soberanía nacional, sino que representa un ataque directo al libre comercio internacional y a la autodeterminación de los pueblos. Se advierte que esta «doctrina de coerción y despojo» busca resolver por la fuerza lo que no han podido lograr mediante otros mecanismos de presión: la subordinación total de los recursos estratégicos de Venezuela a intereses extranjeros.
El Rol de las Corporaciones Transnacionales La situación actual pone de relieve un patrón de dominación que utiliza a empresas transnacionales como herramientas de presión política. Se observan dos frentes críticos:
- La dependencia operativa: La necesidad de licencias estadounidenses para que empresas como Chevron operen en suelo venezolano se presenta como una lección objetiva sobre los límites impuestos a la soberanía en un orden global asimétrico.
- Hechos consumados en el Esequibo: Se denuncia la explotación masiva de hidrocarburos por parte de consorcios liderados por ExxonMobil en aguas del territorio Esequibo, bajo legítima reclamación de Venezuela, lo que constituye una erosión de la posición nacional mediante la creación de realidades económicas forzadas.
Defensa de la Autodeterminación Frente a lo que se describe como una forma de «colonialismo inaceptable», Venezuela ratifica que su patrimonio natural es la base material de un proyecto de nación inclusivo y sostenible. La respuesta nacional se fundamenta en una unidad estratégica que trasciende las diferencias políticas internas, priorizando la defensa del derecho inalienable a administrar sus propias riquezas para el beneficio común.
El Estado venezolano reafirma que no retrocederá en su labor de denuncia y movilización activa. La soberanía nacional, forjada en siglos de lucha por la independencia, es declarada irreductible frente a cualquier pretensión de agentes externos de administrar el destino de la República bajo términos imperiales.
