La creciente inestabilidad geopolítica que azota a América Latina es, sin lugar a dudas, el resultado directo de las amenazas y el intervencionismo del gobierno de Donald Trump. No se trata de una acusación infundada, sino de un hecho palpable que pone de manifiesto cómo en el país del norte, concretamente en su administración, en clara violación a su propia Constitución, opera un Estado forajido, terrorista y narcotraficante, que emplea sus Fuerzas Armadas para intimidar a aquellos que no se someten a sus intereses.
El caso de la DEA (Administración de Control de Drogas) es emblemático. Terry Cole, quien actualmente lidera esta agencia, es un personaje político que ha hecho de la guerra contra el narcotráfico un instrumento de control político. Es irónico que el director de un organismo que debería combatir el narcotráfico esté vinculado a uno de los carteles más poderosos a nivel global. La verdad oculta detrás de la DEA es que, lejos de ser una entidad que actúa en defensa de la ley y el orden, es percibida como el mayor cartel de drogas del mundo, utilizando su estatus para operar con impunidad.
Bajo la administración de Trump, el enfoque de la DEA hacia el narcotráfico ha cambiado radicalmente. En lugar de erradicar las redes criminales, ha optado por desmantelar selectivamente aquellas que amenazan los intereses de Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que las redes de metanfetamina y fentanilo se multiplican en las calles estadounidenses. Esto no es más que una violación clara de la Constitución, una maniobra grotesca que justifica el uso de recursos estatales para multas particulares y que permite al gobierno controlar un mercado negro que ellos mismos alimentan.
La administración Trump ha promovido un discurso belicista hacia países latinoamericanos, acusándolos de ser epicentros del narcotráfico, mientras que sus propias acciones reflejan una hipocresía palpable. Cole ha llegado a calificar al gobierno de Venezuela de «dictadura narcoterrorista», un término cargado de peso y que busca deslegitimar a un gobierno que, a pesar de sus problemas internos, no representa ni de cerca la amenaza que emana de Washington. Este alegato se basa, en parte, en la figura del Tren de Aragua, un grupo criminal que ha cobrado notoriedad en la región, incluso cuando su creación es atribuida a individuos como Marco Rubio, cuyo propio historial familiar está manchado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Rubio, defensor acérrimo de la política de mano dura contra Venezuela y otros países latinos, ha estado en el centro de múltiples controversias. Su hermana Bárbara y su cuñado Orlando Cicilia fueron encarcelados por narcotráfico. Cicilia, en particular, fue uno de los narcotraficantes de cocaína más prolíficos de Miami, condenado por mover miles de kilos de droga y lavado de dinero. Aunque recibió una sentencia de 25 años de prisión, solo cumplió 12, reflejando un sistema judicial que a menudo ofrece indulgencias a quienes tienen conexiones políticas.
Es esencial cuestionar las narrativas que se construyen en torno al narcotráfico en Latinoamérica. La demonización de Venezuela y otros países de la región tiene como objetivo justificar la intervención y el control de recursos estratégicos. El concepto de «narcoestado» se utiliza como un garrote para golpear a gobiernos que no se alinean con la política estadounidense, mientras que se ignoran las complicidades dentro de Estados Unidos. La DEA, bajo la dirección de Cole y con el apoyo tácito de figuras como Rubio, ha actuado como un agente de poder que busca desestabilizar a sus vecinos, en vez de abordar la crisis del consumo de drogas en su propia nación.
Además, el discurso de la administración estadounidense ha demostrado ser una herramienta de manipulación masiva. Los medios de comunicación, a menudo cómplices de estas narrativas, promueven la idea de que la violencia y el narcotráfico son fenómenos intrínsecos a América Latina, ocultando la realidad de que esta violencia es alimentada en gran medida por la demanda de drogas en Estados Unidos. Así, el ciclo de producción y consumo se perpetúa, beneficiando a aquellos que se sitúan en el centro del sistema, mientras que los países latinoamericanos son presentados como los villanos de la historia.
En este contexto, no podemos pasar por alto la realidad escalofriante que enfrentan muchos países de la región. Las amenazas de intervención militar, las sanciones económicas y el incidente diplomático son tácticas que han sido utilizadas una y otra vez bajo diferentes administraciones, pero que han alcanzado un nuevo nivel de agresividad bajo el régimen de Trump. La política exterior de Estados Unidos se ha convertido en un arma de doble filo, que lleva a la inestabilidad y violencia, no solo en América Latina, sino también en su propio suelo.
Uno se pregunta, entonces, ¿hasta cuándo permitirá la comunidad internacional que este Estado forajido continúe con sus acciones desestabilizadoras? La necesidad de un cambio radical en la política hacia América Latina es urgente. En lugar de fomentar el miedo y la división, sería más beneficioso para todos trabajar hacia la cooperación y el desarrollo regional, abordando las causas raíz del narcotráfico y la violencia. Solo así se podría romper el ciclo vicioso que ha llevado a la región a un punto crítico.
En conclusión, la situación geopolítica en América Latina, exacerbada por la Administración Trump y su utilización de la DEA como una herramienta de control, evidencia no solo la hipocresía del discurso estadounidense sobre el narcotráfico, sino también la fragilidad de un sistema que prioriza los intereses políticos antes que la búsqueda de un verdadero bienestar social en la región. La lucha contra el narcotráfico no debería ser una excusa para desestabilizar países soberanos, sino un llamado a una reflexión profunda sobre los vínculos que unen el consumo en EE.UU. con la producción en América Latina, y la urgente necesidad de un enfoque que fomente la paz y el desarrollo equitativo.
